POSICIONES 1
Por un pacto de Estado.
Las posibilidades que tiene el Gobierno de afrontar en solitario y con éxito las crisis que se acumulan sobre España son escasas, por grande que sea su disposición, el arrojo con que las combata y severos los sacrificios que reclame a los ciudadanos. Ciertamente el actual Gobierno solo lleva meses en el oficio y es pronto todavía para evaluar los resultados de sus políticas. Además, el partido que lo sustenta ganó las elecciones por mayoría absoluta, y el principio democrático impone respetar esos resultados y favorecer la gobernación de quienes el pueblo soberano eligió.
No es caso, pese a la crudeza de la situación, de proponer que se forme un gobierno de concentración que primaría a quienes no obtuvieron votos bastantes para participar en dichas tareas políticas. Sin embargo, es urgente promover pactos de Estado para luchar contra las crisis que nos abruman porque, de no ser así, el declive de las instituciones, de los derechos y el bienestar de los ciudadanos continuará durante años y, en muchos aspectos, puede hacerse irreversible. Aludimos a las crisis, en plural, porque al menos son de tres tipos diferentes: la que afecta a la economía, la que desestabiliza el Estado de bienestar, y la que reclama reajustes en la estructura territorial del Estado.
Ningún gobierno puede afrontar estos retos con sus exclusivas fuerzas y recursos políticos. Las acciones contra la crisis económica lo están evidenciando de modo continuo. El Gobierno ha asumido como política anticrisis la que ha entendido que es más eficaz, consistente en la aplicación estricta de un programa de estabilidad financiera y sostenibilidad, que comporta ajustes drásticos en los gastos e inversiones públicas de toda clase.
Aunque esta política resulta de obligado acatamiento, porque viene impuesta por la Unión Europea y por la propia Constitución, que ha incorporado a su artículo 135, reformado en septiembre de 2011, el mandato de estabilidad, cada decisión que adopta el Gobierno y cada norma que aprueba es puesta inmediatamente en entredicho por los partidos de la oposición. Algunas razones de la crítica se refieren a que el ejecutivo recurre casi exclusivamente al decretoley, dada la situación de urgencia y grave necesidad, lo que reduce las posibilidades de que el legislativo participe anticipadamente en el debate de las medidas. También se aduce que la austeridad es susceptible de graduación y el Gobierno la está aplicando en su nivel extremo, imponiendo sacrificios enormes a los ciudadanos. O que se está provocando con tales políticas una fortísima contracción de la demanda que impedirá la recuperación del consumo y la creación de puestos de trabajo durante años.
